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La investigación comienza por una denuncia radicada por los padres de la víctima y las autoridades de un centro educativo, donde se da cuenta que la víctima (de 12 años) fue víctima de abuso sexual por un profesor (de 45). Desde el inicio del año lectivo, tanto el entorno de la niña como del indagado, notaron un acercamiento inadecuado para un profesor y su alumna. Autoridades del centro educativo lo habían hecho notar pero no se logró controlar, según consta en el pedido de formalización presentado por la Fiscalía.

También se pudo precisar que, en ocasión de una salida recreativa que la víctima hiciera con su prima, se separó de esta para ir al encuentro del indagado en un local donde se produjo un encuentro sexual entre ambos. También que el indagado proveyó a la niña de un anticonceptivo de emergencia. Y que, luego de estos hechos, la niña volvió al encuentro con su prima.

Las autoridades del liceo se reunieron con la niña, quien solicita hablar a solas con la psicóloga. Es en ese marco que la víctima devela los hechos descritos, agregando que sentía temor porque la pareja del indagado le había increpado por el relacionamiento con su marido, y amenazado con dañar a ella y a su madre.

Luego del develamiento la dirección del centro se comunicó con los padres de la niña y se procedió a realizar la denuncia policial.

A la víctima se le realizaron las pericias forense (“resultando el examen físico compatible con lo relatado”) y psicológica (“eleva el relato de los hechos efectuado por la víctima así como indicadores de abuso sexual”).

La Fiscalía recabó múltiple evidencia, tales como declaraciones de testigos, de autoridades del centro educativo, las pericias forense y psicológica, registros fílmicos, declaración del imputado y de la esposa en calidad de imputada, entre otros.

Además de la formalización, la Fiscalía solicitó se disponga respecto del imputado la suspensión del ejercicio de la patria potestad e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 79 de la Ley No19.580; y como medida cautelar prisión preventiva para el indagado.

En Primera Instancia se hizo lugar a lo solicitado por parte de la Fiscalía como medida cautelar, esto es, la prisión preventiva por 120 días, lo que fue apelado por la Defensa, y en sentencia de Segunda Instancia, se sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico.

La Fiscalía continuará la investigación sobre los hechos.

Nota: Este texto fue elaborado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para su difusión pública.